El exmonarca español Juan Carlos I ha sumado esta semana un nuevo escándalo que se agrega al constante goteo de informaciones que están socavando su imagen y la de la institución, de la que fue cabeza durante casi 40 años, y que le han llevado a ser investigado por la Fiscalía española y la de Suiza.
En esta ocasión ha salido a la luz un viaje privado del rey emérito a Kazajistán en el año 2002 desvelado en exclusiva por eldiario.es, donde se dedicó a la caza de cabras salvajes y donde recibió cinco millones de dólares del entonces presidente de ese país, Nursultán Nazarbayev, quien llegó a afirmar: «¡Míralo! Es el rey de un país pero no tiene nada. Yo le ayudo como puedo», según ha afirmado Victor Khrapunov, que fue durante años ministro y gobernador, entre otros cargos, del Gobierno de Nazarbayev, según recoge el medio español.
El relato de esta nueva aventura –privada pero acompañado por el embajador español en el país asiático–, plagada de dinero regalado, intermediaciones para intereses españoles de las empresas Repsol y Talgo y la compañía de chicas para proporcionar «total relajación», confirmado incluso con fotografías de varias reuniones de ese viaje, es tan solo una de las decenas de actividades privadas de características similares de las que nunca informó la Casa Real española.
Pero las actividades más controvertidas del exmonarca son las que tienen que ver con sus desconocidas finanzas privadas, de las que hace un tiempo poco a poco se han empezado a conocer detalles, algunos de los cuales han llevado a que esté siendo investigado por la Justicia española, aunque solo aquellas actuaciones posteriores a 2014, fecha de su abdicación en su heredero Felipe VI y momento hasta el que estaba protegido por la inmunidad que le reconocía la Constitución española.
Investigado por la Fiscalía
Las últimas sospechas e investigaciones sobre los movimientos económicos del rey Juan Carlos I han hecho que en España recaigan sobre él tres investigaciones por presuntos delitos relacionados con la corrupción y el fraude fiscal, lideradas por el servicio antiblanqueo, la unidad de vigilancia financiera que se ocupa en España de dar la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.
La última de estas pesquisas fue anunciada la semana pasada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que informó de que la Fiscalía del Tribunal Supremo abrirá una nueva investigación al rey emérito tras recibir una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que señala nuevas presuntas irregularidades cometidas por el exmonarca.
Mientras, la primera indagación que se puso en marcha se centra en la entrega de 65 millones de euros que Juan Carlos I hizo a su examante Corinna Larsen y en la procedencia de ese dinero. El monto fue donado por la familia real de Arabia Saudita y se presume que correspondería a una comisión ilegal derivada de un megaproyecto de construcción ferroviaria en el país árabe. Aunque esta operación se realizó en 2012, cuando el exmonarca gozaba de inviolabilidad, sí podrían estar sujetos a responsabilidad penal movimientos posteriores de ese dinero.
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